Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre

Disposición:

Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Publicación:

BOE número 230, de 25 de septiembre de 2015

Entrada en vigor:

25 de octubre de 2015

Comentario:

Como consecuencia de la necesidad de incorporar a nuestra legislación el contenido de las Directivas de recursos en la redacción dada por la Directiva 2007-766/CE del Consejo y el Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2007, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, preveía la creación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales así como la posibilidad reconocida a las Comunidades Autónomas de crear órganos análogos.Como se dice en la Exposición de Motivos del Real Decreto 814/2015, el tiempo de funcionamiento de los órganos mencionados (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y órganos análogos en diversas Comunidades Autónomas) así como de los procedimientos de recurso o reclamación, ha aportado una experiencia con respecto a su aplicación y a la forma más adecuada para resolver los problemas surgidos de ella, que interesa recoger en una norma reglamentaria.Por lo anterior, continúa la Exposición de Motivos del Real Decreto 814/2015, el propósito del Reglamento de los procedimientos especiales en materia de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales  es dotar a tales órganos y a quienes hayan de acudir a ellos en el ejercicio de la defensa de sus intereses o derechos, de normas de actuación precisas y concretas.Empezando por la composición de los órganos competentes para resolver los diferentes recursos en materia de contratación pública, el Real Decreto 814/2015 respeta el desarrollo que cada Comunidad Autónoma tenga por conveniente a través de las normas autonómicas pertinentes y se centra en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales regulándose la Secretaría General como órgano de asistencia en su doble vertiente de tramitación de los procedimientos y de jefatura de la oficina del Tribunal.Con respecto del procedimiento de recurso, son objeto de regulación en términos más detallados que los establecidos en la ley, la mayoría de sus trámites, siendo de destacar:

· La solicitud de medidas provisionales y, en especial, la posible exigencia de garantías para responder de los daños que de su adopción pudieran derivarse para el órgano de contratación o para los restantes licitadores.

· Causas de inadmisión.

· El cómputo de los plazos para la interposición del recurso según el acto que sea objeto del mismo.

· La práctica de la prueba.

· Las sanciones por interposición del recurso con mala fe o temeridad.

Merece especial mención la regulación que se hace de la posibilidad de acordar la indemnización de daños y perjuicios, y permitiendo que a través de esta vía se pueda establecer la correspondiente compensación económica a las partes por las costas en que hubieran tenido que incurrir como consecuencia de la interposición del recurso.

Asimismo, a través de este reglamento se pretende la regulación del marco general del establecimiento de la obligatoriedad del uso de medios electrónicos en las relaciones con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y ello en aplicación de lo previsto en la disposición adicional decimosexta en relación con la disposición final cuarta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que prevén el uso de medios electrónicos en la contratación administrativa y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Respecto a las notificaciones que debe practicar el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, se ha optado por el sistema de dirección electrónica habilitada regulado en la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, por el que se establece el régimen del citado sistema previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009. De esta forma, todos los obligados por el presente Real Decreto a ser notificados por vía electrónica, saben que en la dirección electrónica que ya tienen habilitada para recibir comunicaciones y notificaciones administrativas, recibirán a partir de ahora las que se les envíen como consecuencia de la interposición de un recurso, reclamación o cuestión de nulidad.

Con independencia de las consideraciones anteriores, el nuevo Reglamento se concibe para su aplicación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y a los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad interpuestos dentro de la esfera de actuación de la Administración General del Estado y de los poderes adjudicadores integrados o dependientes de ella o en la de aquellas comunidades autónomas que hubieran atribuido a éste la competencia para resolver los recursos. Sin embargo, no debe perderse de vista que ésta es una norma a través de la cual se lleva a cabo el desarrollo de parte de las contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que de ellas tienen la consideración de básicas de conformidad con lo establecido en su disposición final segunda las que afectan al procedimiento, por lo que también las contenidas en este Reglamento de los Procedimientos Especiales de Revisión de Decisiones en Materia Contractual y de Organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales deben ser consideradas como tales. Precisamente por ello la disposición adicional primera establece que las menciones a los diferentes órganos del Estado a lo largo de su articulado deberán entenderse hechas también a los que corresponda de cada Comunidad Autónoma.

El Reglamento al que nos venimos refiriendo, aprobado por Real Decreto 81/2015, de 11 de septiembre, consta de cuarenta y un artículos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. Su Índice es el siguiente:

· Capítulo I. Disposiciones generales.

§  Artículo 1. Objeto.

§  Artículo 2. Régimen jurídico.

· Capítulo II. Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

§  Artículo 3. Composición del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

§  Artículo 4. Secciones.

§  Artículo 5. Sustitución de titulares.

§  Artículo 6. Funciones de los miembros del Tribunal.

§  Artículo 7. Independencia y responsabilidad de los miembros del Tribunal.

§  Artículo 8. Asistencia y adopción de acuerdos.

§  Artículo 9. Actas de las sesiones.

§  Artículo 10. Atribución de competencia por las comunidades y ciudades autónomas.

§  Artículo 11. Órganos competentes para la resolución de procedimientos especiales de revisión de las entidades locales.

· Capítulo III. Procedimiento.

o    Sección 1ª. Disposiciones generales.

§  Artículo 12. Lengua de los procedimientos que competen al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

§  Artículo 13. Acumulación.

§  Artículo 14. Comunicaciones y notificaciones.

§  Artículo 15. Plazo de resolución del procedimiento.

§  Artículo 16. Acceso al expediente de contratación.

o    Sección 2ª. Interposición del recurso especial, reclamación y cuestión de nulidad.

§  Artículo 17. Presentación ante el órgano de contratación.

§  Artículo 18. Lugar de presentación.

§  Artículo 19. Plazo de interposición: casos específicos.

§  Artículo 20. Presentación de documentos con copia.

§  Artículo 21. Efectos de la interposición.

o    Sección 3ª. Requisitos del procedimiento.

§  Artículo 22. Requisitos de admisión.

§  Artículo 23. Inadmisión del recurso.

§  Artículo 24. Casos especiales de legitimación.

o    Sección 4ª. Medidas provisionales.

§  Artículo 25. Medidas provisionales.

§  Artículo 26. Garantías.

§  Artículo 27. Forma de constituir las garantías.

o    Sección 5ª. Instrucción.

§  Artículo 28. Remisión del expediente.

§  Artículo 29. Puesta de manifiesto del expediente y alegaciones.

§  Artículo 30. Prueba.

o    Sección 6ª. Resolución.

§  Artículo 31. Resolución.

§  Artículo 32. Aclaración de resoluciones.

§  Artículo 33. Indemnización de daños y perjuicios.

o    Sección 7ª. Actos posteriores a la resolución: Ejecución.

§  Artículo 34. Emplazamiento de las partes ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

§  Artículo 35. Devolución de documentos.

§  Artículo 36. Ejecución de las resoluciones.

§  Artículo 37. Cancelación, devolución y ejecución de garantías.

· Capítulo IV. Utilización de medios electrónicos.

o    Sección 1ª. Utilización de medios electrónicos.

§  Artículo 38. Tramitación electrónica del recurso, reclamación o cuestión de nulidad.

§  Artículo 39. Condiciones y requisitos técnicos del procedimiento.

o    Sección 2ª. Notificaciones electrónicas.

§  Artículo 40. Tramitación electrónica de las notificaciones.

§  Artículo 41. Personas y entidades obligadas.

· Disposición adicional primera. Adaptación a los órganos de las Comunidades Autónomas.

· Disposición adicional segunda. Publicación de los pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

· Disposición adicional tercera. Relaciones del Tribunal con la Plataforma de Contratación del Sector Público.

· Disposición transitoria primera. Procedimientos en curso.

· Disposición transitoria segunda. Tramitación electrónica.

· Disposición final primera. Título competencial.

· Disposición final segunda. Referencias al recurso especial, reclamaciones, cuestiones de nulidad, órganos de contratación y entidades contratantes.

· Disposición final tercera. Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

 

Ficha de legislación del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre
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J&I ZURDO, ABOGADOS

Modificación de la Ley de Ordenación de la Edificación: Cantidades a cuenta

Antecedentes

La reciente Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ha supuesto, entre otras cosas, la modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Dicha Ley, que según su Disposición Final Vigésima Primera, entrará en vigor el día 1 de enero de 2016, contiene una Disposición Final Tercera, referida a la modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y que consta de cuatro apartados.

La Disposición Final Tercera modifica el apartado 1 del artículo 19 y la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, y añade a la Ley 38/1999 una Disposición Transitoria Tercera y una Disposición Derogatoria Tercera.

En virtud de dicha Disposición Derogatoria Tercera, se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la Ley 20/2015 y, en particular:

  1.  La Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.
  2. El Decreto 3114/1968, de 12 de diciembre, sobre aplicación de la Ley 57/1968, de 27 de julio, a las Comunidades y Cooperativas de Viviendas.
  3. La Orden de 29 de noviembre de 1968 sobre el seguro de afianzamiento de cantidades anticipadas para viviendas, en lo que pudiera estar en vigor.

Marco normativo y consideraciones

En concreto, el artículo 19, que se refiere a las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción, en su apartado 1 queda redactado de la siguiente manera:

“1. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 de esta Ley se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en aplicación de la disposición adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías:

a) Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra.

b) Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3.

c) Seguro de daños materiales, seguro de caución o garantía financiera, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.”

De esta manera, se permite también que la garantía consista en garantía financiera, además del seguro de daños materiales y seguro de caución previstos en la redacción anterior.

La Disposición Adicional Primera, que se refiere a la Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción, queda redactada de la siguiente manera, mucho más extensa que en la versión anterior:

“Disposición adicional primera Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción

Uno. Obligaciones de los promotores que perciban cantidades anticipadas.

Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de toda clase de viviendas, incluidas las que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa, y que pretendan obtener de los adquirentes entregas de dinero para su construcción, deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) Garantizar, desde la obtención de la licencia de edificación, la devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras debidamente autorizadas para operar en España, o mediante aval solidario emitido por entidades de crédito debidamente autorizadas, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido para la entrega de la vivienda.

b) Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de entidades de crédito en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor, incluido el supuesto de comunidades de propietarios o sociedad cooperativa, y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. Para la apertura de estas cuentas o depósitos la entidad de crédito, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior.

La garantía se extenderá a las cantidades aportadas por los adquirentes, incluidos los impuestos aplicables, más el interés legal del dinero.

Dos. Requisitos de las garantías.

Para que un contrato de seguro de caución pueda servir como garantía de las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Se suscribirá una póliza de seguro individual por cada adquirente, en la que se identifique el inmueble para cuya adquisición se entregan de forma anticipada las cantidades o los efectos comerciales.

b) La suma asegurada incluirá la cuantía total de las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la cooperativa o instrumento jurídico equivalente, incluidos los impuestos aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega efectiva del anticipo hasta la fecha prevista de la entrega de la vivienda por el promotor.

c) Será tomador del seguro el promotor, a quien le corresponderá el pago de la prima por todo el periodo de seguro hasta la elevación a escritura pública del contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la cooperativa o instrumento jurídico equivalente.

d) Corresponde la condición de asegurado al adquirente o adquirentes que figuren en el contrato de compraventa.

e) El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. La falta de pago de la prima por el promotor no será, en ningún caso, excepción oponible.

f) La duración del contrato no podrá ser inferior a la del compromiso para la construcción y entrega de las viviendas. En caso de que se conceda prórroga para la entrega de las viviendas, el promotor podrá prorrogar el contrato de seguro mediante el pago de la correspondiente prima, debiendo informar al asegurado de dicha prórroga.

g) La entidad aseguradora podrá comprobar durante la vigencia del seguro los documentos y datos del promotor-tomador que guarden relación con las obligaciones contraídas frente a los asegurados.

h) En caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido el asegurado, siempre que haya requerido de manera fehaciente al promotor para la devolución de las cantidades aportadas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables y sus intereses y este en el plazo de treinta días no haya procedido a su devolución, podrá reclamar al asegurador el abono de la indemnización correspondiente. Igualmente, el asegurado podrá reclamar directamente al asegurador cuando no resulte posible la reclamación previa al promotor.

El asegurador deberá indemnizar al asegurado en el plazo de treinta días a contar desde que formule la reclamación.

i) En ningún caso serán indemnizables las cantidades que no se acredite que fueron aportadas por el asegurado, aunque se hayan incluido en la suma asegurada del contrato de seguro, por haberse pactado su entrega aplazada en el contrato de cesión.

j) El asegurador podrá reclamar al promotor-tomador las cantidades satisfechas a los asegurados, a cuyo efecto se subrogará en los derechos que correspondan a éstos.

k) En el caso de que la entidad aseguradora hubiere satisfecho la indemnización al asegurado como consecuencia del siniestro cubierto por el contrato de seguro, el promotor no podrá enajenar la vivienda sin haber resarcido previamente a la entidad aseguradora por la cantidad indemnizada.

l) En todo lo no específicamente dispuesto, le será de aplicación la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Para que un aval pueda servir como garantía de las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Deberá emitirse y mantenerse en vigor por la entidad de crédito, por la cuantía total de las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la cooperativa o instrumento jurídico equivalente, incluidos los impuestos aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega efectiva del anticipo hasta la fecha prevista de la entrega de la vivienda por el promotor.

b) En caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido, el beneficiario, siempre que haya requerido de manera fehaciente al promotor para la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables, y sus intereses y este en el plazo de treinta días no haya procedido a su devolución, podrá exigir al avalista el abono de dichas cantidades. Igualmente, el beneficiario podrá reclamar directamente al avalista cuando no resulte posible la reclamación previa al promotor.

c) Transcurrido un plazo de dos años, a contar desde el incumplimiento por el promotor de la obligación garantizada sin que haya sido requerido por el adquirente para la rescisión del contrato y la devolución de las cantidades anticipadas, se producirá la caducidad del aval.

Tres. Información contractual.

En los contratos para la adquisición de viviendas en que se pacte la entrega al promotor, incluido el supuesto de comunidades de propietarios o sociedad cooperativa, de cantidades anticipadas deberá hacerse constar expresamente:

a) Que el promotor se obliga a la devolución al adquirente de las cantidades percibidas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables, más los intereses legales en caso de que la construcción no se inicie o termine en los plazos convenidos que se determinen en el contrato, o no se obtenga la cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación o el documento equivalente que faculten para la ocupación de la vivienda.

b) Referencia al contrato de seguro o aval bancario a los que hace referencia el apartado uno.1.a) de esta disposición, con indicación de la denominación de la entidad aseguradora o de la entidad avalista.

c) Designación de la entidad de crédito y de la cuenta a través de la cual se ha de hacer entrega por el adquirente de las cantidades que se hubiese comprometido anticipar como consecuencia del contrato celebrado.

En el momento del otorgamiento del contrato de compraventa, el promotor, incluido el supuesto de comunidades de propietarios o sociedad cooperativa, hará entrega al adquirente del documento que acredite la garantía, referida e individualizada a las cantidades que han de ser anticipadas a cuenta del precio.

Cuatro. Ejecución de la garantía.

Si la construcción no hubiera llegado a iniciarse o la vivienda no hubiera sido entregada, el adquirente podrá optar entre la rescisión del contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables, incrementadas en los intereses legales, o conceder al promotor prórroga, que se hará constar en una cláusula adicional del contrato otorgado, especificando el nuevo período con la fecha de terminación de la construcción y entrega de la vivienda.

Cinco. Cancelación de la garantía.

Expedida la cédula de habitabilidad, la licencia de primera ocupación o el documento equivalente que faculten para la ocupación de la vivienda por el órgano administrativo competente y acreditada por el promotor la entrega de la vivienda al adquirente, se cancelarán las garantías otorgadas por la entidad aseguradora o avalista. Cumplidas las condiciones anteriores, se producirá igual efecto si el adquirente rehusara recibir la vivienda.

Seis. Publicidad de la promoción de viviendas.

En la publicidad de la promoción de viviendas con percepción de cantidades a cuenta con anterioridad a la iniciación de las obras o durante el período de construcción, será obligatorio hacer constar que el promotor ajustará su actuación y contratación al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley, haciendo mención expresa de la entidad aseguradora o avalista garante, así como de la entidad de crédito en la que figura abierta la cuenta especial en la que habrán de ingresarse las cantidades anticipadas.

Siete. Infracciones y sanciones.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta disposición constituye infracción en materia de consumo, aplicándose lo dispuesto en el régimen sancionador general sobre protección de los consumidores y usuarios previsto en la legislación general y en la normativa autonómica correspondiente, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la normativa vigente a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

El incumplimiento de la obligación de constituir garantía a la que se refiere el apartado uno.1 de esta disposición dará lugar a una sanción de hasta el 25 por 100 de las cantidades cuya devolución deba ser asegurada o la que corresponda según lo dispuesto en la normativa propia de las Comunidades Autónomas.

Además de lo anterior, se impondrán al promotor, incluido el supuesto de comunidades de propietarios o sociedad cooperativa, las infracciones y sanciones que pudieran corresponder conforme a la legislación específica en materia de ordenación de la edificación.

Ocho. Desarrollo reglamentario.

Reglamentariamente podrán determinarse los organismos públicos de promoción de viviendas que se exceptúen de los requisitos establecidos en esta disposición adicional.

El Gobierno podrá dictar las disposiciones complementarias para el desarrollo de lo dispuesto en esta disposición adicional.”

La redacción anterior de la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, se remitía a la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas y a sus disposiciones complementarias, pero con una serie de matizaciones. En primer lugar, que la expresada normativa sería de aplicación a la promoción de toda clase de viviendas, incluso las realizadas en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa. En segundo lugar, que la garantía establecida en la Ley 57/1968 se extendería a las cantidades entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto cambiario, cuyo pago habría de domiciliarse en la cuenta especial prevista en la referida Ley. En tercer lugar, que la devolución comprendería las cantidades entregadas más los intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se hiciera efectiva la garantía (esto había supuesto una modificación de la Ley 57/1968, que fijaba el interés en el 6% anual). Por último, las multas por incumplimiento a las que se refería el párrafo primero del artículo 6 de la ley 57/1968, se impondrían por las Comunidades Autónomas, en cuantía, por cada infracción, de hasta el 25 por 100 de las cantidades cuya devolución debiera ser asegurada o por lo que se dispusiera en la normativa propia de las Comunidades Autónomas.

Dado que la Disposición Derogatoria Tercera que la Ley 20/2015 añade a la Ley 38/1999 deroga expresamente la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas se entiende que, en consecuencia, el régimen de aplicación al respecto, a partir del 1 de enero de 2016, será el contenido en la “nueva” Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.

En consecuencia, los principales cambios que se advierten son los siguientes:

1. Según la nueva redacción, la obligación de garantizar la devolución de las cantidades entregadas existe ahora desde el momento de la obtención de la licencia de edificación. Con la redacción anterior se entendía que esa obligación surgía desde el momento mismo en el que se percibían cantidades anticipadas por parte del promotor, con independencia de que este dispusiera o no de licencia de edificación. En consecuencia, en la nueva redacción no se regulan los casos en los que se realizan aportaciones antes de que se obtenga la licencia de edificación o, puede incluso entenderse que no existe obligación legal de garantizar dichas cantidades (hasta el momento de la obtención de dicha licencia), con todos los problemas que pueden derivarse de ello, especialmente en los supuestos de cooperativas de viviendas. Una vez obtenida la licencia de edificación, se estima que existiría obligación de garantizar todas las cantidades desde la fecha en la que se entregaron, incluidas las que se entregaran, en su caso, antes de la obtención de la licencia de edificación.

2. Se indica expresamente que han de garantizarse las cantidades aportadas, incluidos los impuestos aplicables y el interés que, tal y como ya se hacía en la Ley de Ordenación de la Edificación, se fija en el legal del dinero, en lugar del 6% anual que se preveía inicialmente en la Ley 57/1968, de 27 de julio.

3. Se regulan detalladamente los requisitos que han de tener las garantías:

Contrato de seguro de caución:

  • Se suscribirá una póliza de seguro individual por cada adquirente, en la que se identifique el inmueble.
  • La suma asegurada incluirá la cuantía total de las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la cooperativa o instrumento jurídico equivalente, incluidos los impuestos aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega efectiva del anticipo hasta la fecha prevista de la entrega de la vivienda por el promotor.
  • Será tomador del seguro el promotor, a quien le corresponderá el pago de la prima.
  • Será asegurado el adquirente o adquirentes.
  • El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro, no siendo la falta de pago de la prima en ningún caso excepción oponible.
  • La duración del contrato de seguro de caución no podrá ser inferior a la del compromiso para la construcción y entrega de las viviendas. En caso de prórroga, se podrá prorrogar el contrato de seguro.
  • La entidad asegurada podrá comprobar los documentos y datos que guarden relación con las obligaciones contraídas frente a los aseguradores.
  • En caso de que la construcción no se inicie o llegue a buen fin en el plazo convenido el asegurado, previo requerimiento fehaciente al promotor y en caso de que no haya sido atendido en el plazo de 30 días, podrá reclamar al asegurador el abono de la indemnización correspondiente. También podrá el asegurado reclamar directamente al asegurador cuando no sea posible la reclamación previa al promotor. El asegurador habrá de indemnizar al asegurado en el plazo de 30 días a contar desde que formule la reclamación.
  • No serán indemnizables las cantidades que no se acredite que fueron aportadas por el asegurado, aunque se hayan incluido en el contrato de seguro por haberse pactado su entrega aplazada en el contrato de cesión.
  • El asegurador podrá reclamar al promotor las cantidades satisfechas a los asegurados y se subrogará en los derechos que a estos correspondan.
  • En caso de que la aseguradora hubiere satisfecho la indemnización al asegurado, el promotor no podrá enajenar la vivienda sin haber resarcido antes a la aseguradora.
  • Será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Aval:

  • Deberá emitirse y mantenerse en vigor por la cuantía total de las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la cooperativa o instrumento jurídico equivalente, incluidos los impuestos aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega efectiva del anticipo hasta la fecha prevista de la entrega de la vivienda.
  • En caso de que la construcción no se inicie o llegue a buen fin en el plazo convenido el beneficiario, previo requerimiento fehaciente al promotor y en caso de que no haya sido atendido en el plazo de 30 días, podrá exigir al avalista el abono de dichas cantidades. También podrá el beneficiario reclamar directamente al avalista cuando no sea posible la reclamación previa al promotor.
  • Transcurrido un plazo de 2 años a contar desde el incumplimiento por el promotor sin que haya sido requerido por el adquirente para la rescisión del contrato y la devolución de las cantidades anticipadas, se producirá la caducidad del aval.

4. Al contrario que en la redacción contenida en el artículo tercero de la Ley 57/1968, que establecía que el contrato de seguro o aval unido al documento fehaciente en el que se acredite la no iniciación de las obras o entrega de la vivienda tendría carácter ejecutivo, en la nueva redacción no se recoge ninguna previsión al respecto

5. Se indica expresamente que la cancelación de la garantía se dará también en el caso de que, expedida la cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación o el documento equivalente que faculten para la ocupación de la vivienda, el adquirente rehusara recibir la vivienda.

6. Se prevé que el incumplimiento de las obligaciones impuestas constituye infracción en materia de consumo. Además, se impondrán al promotor las infracciones y sanciones que pudieran corresponder conforme a la legislación específica en materia de ordenación de la edificación.

Se añade a la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación una Disposición Transitoria Tercera, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria tercera. Adaptación al régimen introducido por la disposición adicional primera «Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción», en su redacción dada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, que modifica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Las entidades aseguradoras deberán, antes del 1 de julio de 2016 y para las cantidades que se entreguen a cuenta a partir de esa fecha, adaptar las pólizas vigentes a 1 de enero de 2016 al régimen introducido por la disposición final tercera.dos de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, por la que se modifica la disposición adicional primera «Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción» de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.»

 Por tanto, las entidades aseguradoras deberán adaptar las pólizas vigentes a 1 de enero de 2016, antes del 1 de julio de 2016 y para las cantidades que se entreguen a cuenta a partir de esa fecha.

 Asimismo, se añade a la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, una Disposición Derogatoria Tercera, tal y como ya se ha adelantado en los Antecedentes, con la siguiente redacción:

“Disposición derogatoria tercera

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley y, en particular, las siguientes:

a) La Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.

b) El Decreto 3114/1968, de 12 de diciembre, sobre aplicación de la Ley 57/1968, de 27 de julio, a las Comunidades y Cooperativas de Viviendas.

c) La Orden de 29 de noviembre de 1968 sobre el seguro de afianzamiento de cantidades anticipadas para viviendas, en lo que pudiera estar en vigor.”

Por último, procede hacer aquí también una mención, por razones de conexión, al Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre Protección de los Consumidores en cuanto a la información a suministrar en la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas y, en concreto, a su artículo 7. Dicho artículo dispone que “En el caso de que la vivienda no se encuentre totalmente terminada se deberá tener a disposición del público y de las autoridades competentes copia del documento o documentos en los que se formalizan las garantías entregadas a cuenta según la Ley 57/1968, de 27 de julio”, referencia que, a partir de la entrada en vigor de la Ley 20/2015, de 14 de julio, deberá entenderse hecha a la nueva redacción de la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación.

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Doctrina reciente del TS sobre el acuerdo de las personas jurídicas para recurrir

Según la doctrina reciente del Tribunal Supremo (Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso de casación para la unificación de doctrina de fecha de 23 de marzo de 2015), en la interposición de un recurso contencioso-administrativo por una Sociedad de responsabilidad limitada con Administrador único, bastará con presentar el documento acreditativo de que la representación procesal de la sociedad se ha otorgado por el Administrador para entender cumplidos los requisitos exigidos por el art. 45.2 a) y d) de la LJCA. Sin embargo, en caso de que el Juzgado o la Sala, o la demandada, pongan de manifiesto la inadmisibilidad del recurso por no concurrir los requisitos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas, deberán aportarse los Estatutos para acreditar que no existe una atribución estatutaria del ejercicio de acciones a la Junta General.

En concreto, en la Sentencia mencionada, en su Fundamento Jurídico Quinto, último párrafo, se establece lo siguiente:

«[…] en el caso que ha dado lugar a la Sentencia impugnada en el presente recurso, junto al poder general para pleitos, la mercantil recurrente aportó a los autos un escrito en el que consta que don Dionisio, como Administrador único de la mercantil, expresa que ha adoptado la decisión de interponer el presente recurso contencioso administrativo. Como señala la invocada Sentencia de 5 de febrero de 2015, si la parte recurrente, reaccionando ante la causa de inadmisibilidad alegada, señaló la documentación aportada en su día, resultando, a juicio de la Sala de instancia, insuficiente y, por tanto, no concurriendo los requisitos exigidos para entablar acciones por personas jurídicas con arreglo a las normas, la Sala de instancia debió volver a requerir el exacto cumplimiento del mismo, y no inadmitir el recurso directamente en la Sentencia, como ha acontecido en este caso. […]”

Asimismo la Sentencia, en su Fallo, casando y anulando la Sentencia impugnada, ordena: “[…] la devolución de las actuaciones a la Sala de instancia para que se retrotraigan éstas al momento inmediatamente anterior a dictar sentencia y se conceda plazo a la recurrente para subsanar el defecto procesal advertido por dicha Sala y determinante de la inadmisibilidad del recurso, y luego se dicte la sentencia que proceda. […]”

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Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española

Disposición:

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

 

Publicación:

BOE número 77, de 31 de marzo de 2015

Entrada en vigor:

1 de abril de 2015

Comentario:

La indexación es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período. La indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios al Consumo (IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente está justificada, ni produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada. Es más, tal mecanismo genera efectos perversos ya que la indexación está en el origen de los denominados “efectos de segunda ronda”: cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben y esto supone un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente porque están indexados a este índice (así, por ejemplo, un aumento del precio del petróleo o de un alimento encarece, debido a su impacto en el IPC, el precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una conexión directa con esos dos bienes).

La indexación, por tanto, tiende a genera una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiempo, aun cuando desaparece la causa inicial que generó el incremento de precio. Y una inflación elevada y persistente genera costes económicos: desvirtúa la información que deben transmitir los precios, dificulta la concertación de contratos a largo plazo y deteriora la competitividad.

La Ley 2/2015 contiene siete artículos estructurados en tres capítulos:

·         Capítulo I. Disposiciones generales.

·         Capítulo II. Régimen aplicable en el ámbito del sector público.

·         Capítulo III. Régimen aplicable a los contratos entre partes privadas.

Tras las disposiciones generales (objeto, definiciones y ámbito de aplicación), el capítulo II se refiere a la desindexación en el ámbito del sector público pudiendo destacar lo siguiente:

·         Se establece con la Ley 2/2015 una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la contratación pública (que supone, aproximadamente, el 20 por 100 del Producto Interior Bruto), en los precios regulados y, en general, en todas las partidas de ingresos y de gastos de los presupuestos públicos (dice el artículo 4.1: “Los valores monetarios en cuya determinación intervenga el sector público no podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en función de previos, índices de precios o fórmulas que los contenga”).

·         En los casos excepcionales en los que la revisión de valores monetarios sea indispensable, el objetivo de la Ley que ahora comentamos es eliminar los efectos de segunda ronda anteriormente mencionados, ligando la actualización de precios y rentas a la evolución de los costes pertinentes en cada situación (dice el artículo 4.2 de la Ley 2/2015: “Excepcionalmente, se podrá aprobar un régimen de revisión periódica y predeterminada de los valores referidos en el apartado anterior siempre sea en función de precios individuales e índices específicos de precios (…). Los índices específicos aplicables deberán tener la mayor desagregación posible de entre los disponibles al público a efectos de reflejar de la forma más adecuada la evolución de los costes”).

Como consecuencia de lo previsto en el capítulo I de la Ley 2/2015 se modifican dos leyes:

·         La disposición final tercera modifica el artículo 47.5, la rúbrica del Capítulo II del Título III del Libro I, el artículo 89, la letra d) del artículo 131.1, el artículo 133.1 y el artículo 255.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

·         La disposición final cuarta modifica el artículo 25 (acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnico-económico) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Por último, el capítulo III, con un solo artículo (el artículo 7), se refiere al régimen aplicable a los contratos entre partes privadas destacando lo siguiente:

·         Se incluyen en el ámbito de este capítulo III las revisiones periódicas o no periódicas de rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, contraprestaciones de arrendamientos de servicios, suministros y rentas vitalicias o valores monetarios en cualquier otro contrato celebrado entre personas que no estén incluidas en el sector público.

·         Sólo procederá la revisión periódica de tales valores monetarios cuando se haya pactado expresamente.

·         En caso de pacto expreso de aplicación de un mecanismo de revisión periódica de valores monetarios que no especifique el índice o metodología de referencia, será aplicable la tasa de variación que corresponda del Índice de Garantía de Competitividad elaborado según lo previsto en el Anexo de la propia Ley 2/2015.

·         El Instituto Nacional de Estadística publicará mensualmente el Índice de Garantía de Competitividad y su tasa de variación.

Lógica consecuencia de lo previsto en el artículo 7 de la Ley 2/2015 es la modificación de las Leyes de Arrendamientos Urbanos y de Arrendamientos Rústicos que se contiene en las disposiciones finales primera y segunda:

·         La disposición final primera modifica el artículo 18.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

·         La disposición final segunda modifica el artículo 13.2 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.

Legislación 9.2015
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Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo

Disposición:

Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

 

Publicación:

BOE número 77, de 31 de marzo de 2015

Entrada en vigor:

1 de julio de 2015

Comentario:

Esta modificación del Código Penal se debe a la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 de septiembre de 2014, que recoge la honda preocupación de la comunidad internacional por el recrudecimiento de la actividad terrorista y por la intensificación del llamamiento a cometer atentados en todas las regiones del mundo. En el catálogo de medidas que constituyen la parte dispositiva de esta Resolución, aparece en el punto sexto un recordatorio de la Resolución 1373 (2001), en virtud de la cual todos los Estados miembros deben velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos. Tras este recordatorio, la Resolución 2178 pide a los Estados que se cercioren de que sus leyes y otros instrumentos legislativos internos tipifiquen delitos graves que sean suficientes para que se puedan enjuiciar y sancionar las conductas terroristas que se describen, de tal forma que quede debidamente reflejada la gravedad del delito.31Como consecuencia de lo anterior, se modifica el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, al que se le da nueva redacción. Este Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal comprende los artículos 571 a 580 y se estructura en dos Secciones:

·         Sección Primera. De las organizaciones y grupos terroristas (artículos 571 y 572).

·         Sección Segunda. De los delitos de terrorismo (artículos 573 a 580) .

Además, la misma Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, modifica el artículo 23.4.e).2º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de extensión y límites del orden jurisdiccional penal. Así, la nueva redacción incluyen en el ámbito de la jurisdicción penal española el supuesto en el que el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente o se encuentre en España o, sin reunir esos requisitos, colabore con un español, o con un extranjero que resida o se encuentre en España, para la comisión de un delito de terrorismo.

Legislación 6.2015
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Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal

Disposición:

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 

Publicación:

BOE número 77, de 31 de marzo de 2015

Entrada en vigor:

1 de julio de 2015

 

Comentario:

Se produce una profunda modificación del Código Penal vigente pudiendo destacar los siguientes aspectos:

·         Se introduce la pena de prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad.

·         Se lleva a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del “debido control”, cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

·         Se amplían los marcos penales dentro de los cuales los tribunales podrán fijar la pena de manera más ajustada a las circunstancias del caso concreto.

·         Se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las pena privativas de libertad y se pone fin a la situación anterior en la que la existencia de una triple regulación de la suspensión (suspensión ordinaria, suspensión para el caso de delincuentes drogodependientes y sustitución de la pena) da lugar, en muchas ocasiones, a tres decisiones sucesivas que son objeto de reiterados recursos.

·         Se mantienen los supuestos de concesión de libertad condicional pero introduciéndose importantes modificaciones que incluyen la previsión de un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional que será aplicable a los penados primarios, es decir, a aquéllos que cumplen su primera condena en prisión siempre que hayan sido condenados a una pena corta de prisión.

·         Se excluyen del cómputo del plazo de prescripción de las penas el tiempo de ejecución de otra pena de la misma naturaleza y el tiempo de suspensión de la condena ya impuesta.

·         Se suprimen las faltas, si bien algunas de ellas se incorporan al Libro II del Código Penal reguladas como delitos leves.

·         Se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro con desaparición.

·         Se acomete una revisión técnica de la regulación del decomiso y de algunos aspectos de la parte especial del Código Penal, en concreto, de los delitos contra la propiedad, del catálogo de agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, insolvencias punibles, corrupción privada, malversación, corrupción de agentes públicos extranjeros, delitos de atentado y desobediencia, alteraciones del orden público, incendios, detención ilegal e intrusismo.

·         Se tipifican nuevos delitos de matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada, y manipulación del funcionamiento de los dispositivos de control utilizados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares o de seguridad.

·         Se refuerza la punición de los llamados delitos de corrupción en el ámbito de la Administración pública.

·         Se introducen nuevas figuras delictivas relacionadas con la financiación ilegal de partidos políticos.

Buena parte de las modificaciones llevadas a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, están justificadas por la necesidad de atender compromisos internacionales transponiéndose la Decisión Marco 2008/913/JAI, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal; de la Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular; de la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas; de la Directiva 2013/40/UE, relativa a los ataques contra los sistemas de información y la interceptación de datos electrónicos cuando no se trata de una comunicación personal; y de la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la actual regulación del delito de inmigración ilegal, separando claramente esta figura delictiva del delito de trata de seres humanos y ajustando tipos y penas a las exigencias derivadas de la Directiva 2002/90/CE y la Decisión Marco 2002/946/JAI.

También se introduce la posibilidad de incluir perfiles de condenados en la base de datos de ADN, para dar cumplimiento a las exigencias del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007. Y se incorporan en nuestra normativa penal las conductas descritas en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de abril de 2014, sobre falsificación de productos médicos y otros delitos similares que suponen una amenaza para la salud pública.

Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España

Disposición:

Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España

 

Publicación:

BOE número 72, de 25 de marzo de 2015

Entrada en vigor:

26 de marzo de 2015

Comentario:

Con esta Ley 1/2015, de 24 de marzo, y sin alterar el carácter de organismo autónomo de la Biblioteca Nacional de España, se establecen determinadas peculiaridades relativas a su organización y sus recursos económicos, en orden tanto a la consecución de la estabilidad que la Biblioteca Nacional de España necesita para el cumplimiento de sus fines, como a una gestión más eficiente de sus recursos.

Sus diecinueve artículos se estructuran como sigue:

·         Capítulo I. Disposiciones generales.

·         Capítulo II. Organización y funcionamiento de la Biblioteca Nacional de España.

·         Capítulo III. Régimen de personal.

·         Capítulo IV. Régimen patrimonial.

·         Capítulo V. Régimen de contratación, presupuestario y económico-financiero.

Legislación 4.2015
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Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero

Disposición:

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

 

Publicación:

BOE número 51, de 28 de febrero de 2015

Entrada en vigor:

1 de marzo de 2015

Comentario:

Dice la Exposición de Motivos que del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, que “la experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía”.

A esa finalidad responde gran parte del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero que se estructura en once artículos, agrupados de dos títulos.

El Título I, bajo la rúbrica «Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera», contiene tres artículos de carácter modificativo a través de los que se da nueva redacción a determinados preceptos de otras tantas normas legales: la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

El Título II, «Otras medidas de orden social», se estructura en tres capítulos:

·         El primero de ellos recoge en sus cuatro artículos una serie de medidas relativas al ámbito tributario y de las Administraciones Públicas, a través de la modificación de aspectos concretos de las siguientes cuatro normas legales: la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

·         El capítulo II contiene tres medidas relativas al fomento del empleo en el ámbito de la Seguridad Social. Así, por un lado, se establece un nuevo incentivo para la creación de empleo estable, consistente en la fijación de un mínimo exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores. En segundo lugar, se sitúa en 20 el número de jornadas reales cotizadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios de determinadas provincias para poder ser beneficiarios del subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, y en el artículo tercero de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, así como de la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril. En tercer lugar, y por último, se establecen beneficios de Seguridad Social para aquellos supuestos en los que el profesional autónomo deba atender obligaciones familiares que puedan influir en su actividad.

·         La parte dispositiva de la norma se cierra con el capítulo III, «Medidas relativas al ámbito de la Administración de Justicia», de su título II, en cuyo único artículo se modifica la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para adecuar el régimen de tasas judiciales a la concreta situación de los sujetos obligados al pago de la misma.

Por lo que se refiere a la parte final de esta norma, las disposiciones adicionales primera a quinta complementan las modificaciones introducidas por su título I, al regular las funciones de mediación concursal, la remuneración del mediador concursal, el carácter no preceptivo de la representación del deudor en el concurso consecutivo, la aplicación informática destinada a actuar a modo de medidor de solvencia o la forma en que se va a producir la adhesión al «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual» con las modificaciones que en él se introducen. Todas estas previsiones regulan cuestiones que están directamente relacionadas con las contenidas en el título I y que resultan necesarias para su inmediata efectividad. En la disposición adicional sexta se regula el impulso y coordinación de la negociación colectiva.

Legislación 3.2015
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Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero

Disposición:

Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

 

Publicación:

BOE número 39, de 14 de febrero de 2015

 

 

Entrada en vigor:

15 de febrero de 2015

Comentario:

La transposición de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, se ha producido en dos etapas:

·         En una primera fase, el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras transpuso aquellos aspectos más urgentes de la directiva, cuya no transposición podría haber dificultado el ejercicio por parte del Banco de España de las nuevas facultades atribuidas por la normativa de la Unión Europea.

·         Más tarde, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, acometería la plena incorporación al derecho español de las disposiciones de la directiva cuya transposición precisaba rango legal.

Este Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, tiene por objeto no solo la culminación del desarrollo reglamentario de la Ley 10/2014, de 26 de junio, sino también la refundición en un único texto de aquellas normas con rango reglamentario de ordenación y disciplina de entidades de crédito .

El Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, contiene noventa y tres artículos que se estructuran en los siguientes títulos y capítulos:

·         Título preliminar. Disposiciones generales.

·         Título I. Requisitos de actividad.

§  Capítulo I. Autorización, registro y actividad de entidades de crédito.

§  Capítulo II. Participaciones significativas.

§  Capítulo III. Idoneidad, incompatibilidades y registro de altos cargos.

§  Capítulo IV. Gobierno corporativo y política de remuneraciones.

·         Título II. Solvencia de las entidades de crédito.

§  Capítulo I. Sistemas, procedimientos y mecanismos de gestión de riesgos y autoevaluación del capital.

§  Capítulo II. Colchones de capital.

·         Título III. Supervisión.

§  Capítulo I. Ámbito objeto de la función supervisora.

§  Capítulo II. Ámbito subjetivo de la función supervisora.

§  Capítulo III. Colaboración entre autoridades de supervisión.

§  Capítulo IV. Obligaciones de información y publicidad.

Legislación 2.2015
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Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero

Disposición:

Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva.

 

Publicación:

BOE número 39, de 14 de febrero de 2015

 

 

Entrada en vigor:

15 de febrero de 2015

Comentario:

El Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio exige ser modificado para completar la trasposición de la Directiva 2011/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos.

La Directiva citada afecta a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (IIC) no armonizadas, es decir, no autorizadas conforme al régimen previsto por la Directiva 2009/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009. Así, se introducen nuevos requisitos para la autorización de dichas sociedades gestoras y para la comercialización de las IIC que gestionen.

Se añaden otras cuestiones: información adicional a incluir en el folleto de las IIC no armonizadas, la información periódica que las sociedades gestoras de IIC deberán facilitar a la CNMV, los límites a la inversión en titulizaciones y la aclaración del concepto de gestión de inversiones que incluye la gestión de carteras y el control del riesgo.

Se incorpora al Reglamento la regulación sobre la política de remuneraciones y sobre el depositario, que se aplicará a las sociedades gestoras y a los depositarios de todo tipo de IIC. Así, se redacta un nuevo Título V con los elementos sustanciales para definir y regular las funciones y la responsabilidad del depositario (se integra en un título único la regulación del reglamentaria relativa al depositario, de modo que su regulación mejora en términos de consistencia y sistemática).

Además de la necesidad de completar la trasposición de la Directiva 2011/61/UE, existe una segunda razón que justifica la modificación del Reglamento aprobado por Real Decreto 1082/2012: la permanente evolución y desarrollo del mercado de la inversión colectiva en España con la aparición de nuevas oportunidades de negocio y modalidades de comercialización.

Por último, se mejora y se ajusta técnicamente la redacción de varios artículos ajustándose ciertas disposiciones del reglamento para permitir la posibilidad de utilizar cuentas ómnibus o para ampliar los instrumentos y derivados en los que pueden invertir las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) no armonizadas y los fondos de inversión de carácter financiero no armonizados.

Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero
Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero
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